Alegaciones económico/sociales

En todo conflicto (ya sea futbolístico, pugilístico, genérico, político, etc.)  Subyace  una confrontación de intereses económicos; y en una expropiación forzosa se agudiza cuando la ley que contempla las compensaciones esta lejos de arbitrar ecuánimemente los valores en disputa,  sean estos  objetívales en lo material (patrimonios, comercios, etc.) O subjetivos (gentrificación, aspectos emocionales, riesgo social, movilidad geográfica, desarraigo, daños psíquicos, etc.). La inclusión en estos procesos de un tercer elemento ajeno a los intereses comunes (las entidades particulares que participan en la materialización del proyecto esperando generar sus propias plusvalías) exacerban todavía mas un tema donde debiera prevalecer el interés común y mas si este común (una vez indemnizado y después de pagar a hacienda) debe  “apoquinar” entre 3000 e/m2 por vivienda concertada y 4000 e/m2 que es el precio de la vivienda nueva concertada en Barcelona.

En las calles Passerell, Cadernera y Queixans  nunca hubo VPO, los vecinos han tenido que soportar económicamente  ese derecho a precio de mercado y ahora pretenden desalojarnos del barrio y construir sobre nuestras parcelas  vivienda de venta libre que será adquirida por quien pueda  pagar el precio de esa nueva vivienda.

En Passerell, Cadernera, Queixans; ¿esta justificado y es sostenible económicamente la destrucción de vivienda consolidada, la indemnización y el desalojo de los antiguos propietarios por un cambio de titularidad en la propiedad?

La administración y nuestros representantes políticos deben ser sensibles y tener en cuenta los aspectos financieros que envuelven dicho proyecto, bajo el cual subyace una iniciativa privada que amparándose en los cauces legales abiertos y aprovechándose de ellos, propician un proceso con resultados lesivos y discriminatorios hacia el conjunto de la sociedad que es la que paga todo este proyecto ,  y mas,  cuando estas actuaciones se pretenden aplicar sobre una base social que mayoritariamente ha debido construir su derecho a la vivienda con el sacrificio de transmutar esta por su propia fuerza de trabajo; dándose la paradoja que muchas de estas viviendas están hipotecadas y la transmisión de la deuda (en caso de expropiación) quedara sujeta a las condiciones financieras que pacten cajas y bancos con una administración  dependiente ella misma de su propia financiación por lo que la transparencia en este proceso se desvirtúa en función de los intereses de terceros en un juego -perverso -en el cual  dudamos que las circunstancias sociales y personales (paro, pensiones mínimas, familias numerosas, etc.) sean contempladas.

Como tampoco serán contemplados ni cuantificados los perjuicios sociales  inherentes a un cambio residencial (movilidad asistencial, escolar, familiar, laboral, etc.).

En caso de expropiación, los porcentajes destinados a dotaciones (máx.15%) y vivienda social (máx. 30%) regulados por la entrada en vigor de la nueva ley del suelo y cuya cesión es obligatoria para los promotores privados  no satisface las  necesidades ocupacionales sociales de este sector y mas cuando el promotor puede intercambiar los pisos por la entrega equivalente de su valor económico al (precio de coste, no de venta) al Ajuntament, por lo que la riqueza generada puede ir a parar a las arcas del consistorio sin generar los deseados bienes comunes y a la mencionada iniciativa privada

Consideramos que la base capital donde se sustenta todo el proyecto económico esta fundamentada en el desarrollo de un único modelo constructivo particular e intensivo que necesita crecer continuamente para permanecer en el mercado,  un mercado a punto de colapsar –sino lo ha hecho ya-  sin haber cubierto las necesidades sociales que de el se deberían desprender, y al que se quiere abocar a los afectados.

Consideramos que ese modelo de crecimiento económico se exporta de un barrio a otro según las necesidades expansivas –no sociales-  de quienes lo sustentan,  y  origina la sobreexplotación manifiesta del mismo, alimentando  los beneficios financieros particulares en detrimento de las capas de población que precisan de la función social que debieran generar el sector, un sector convertido en la actualidad en un lobby de presión con el objetivo claro de llenar los vacíos presupuestarios de nuestras administraciones a cambio de que esta continúe garantizando sus privilegios y plusvalías.

La plataforma considera que seguir potenciando esta actividad económica no contribuye al desarrollo económico sostenible de la ciudad y por tanto lesiona el interés común  de todos los ciudadanos que con sus impuestos pagan este contradictorio proyecto; el cual esta planeado sobre una capa de afectados que habrá de padecer una perdida patrimonial y un nuevo  esfuerzo adicional de carga fiscal por incremento de patrimonio y por nueva compra –quien pueda- de vivienda , y  reiterando que los  principales beneficiarios económicos son  entidades financieras y empresas intermediarias, los afectados de la plataforma sostenible decimos no al plan en su aspecto económico.